La capacidad del gobierno para implementar medidas rápidas y radicales se refleja en una batería de reformas ofensivas contra la clase obrera y otros sectores del país. Entre ellas, destacan la Reforma Laboral, el Régimen Penal Juvenil, modificaciones a las leyes de Glaciares y de Financiamiento Universitario, y la firma de acuerdos comerciales con la UE y EE.UU. Esta ofensiva generalizada no parece tener límites, forzando una resistencia social que solo puede crecer y radicalizarse. Una medida particularmente grave es la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que traslada el costo de las indemnizaciones de los despidos a los trabajadores pasivos y entrega el manejo de esos recursos al sector financiero, poniendo en riesgo la ANSES. A pesar de los triunfos iniciales en el Congreso, la masiva movilización del 19 de febrero demostró que la victoria política del gobierno es frágil. Su modelo económico, basado en un dólar bajo, apertura de importaciones y nuevo endeudamiento, muestra serias debilidades: la economía real no crece, la pobreza e informalidad son altísimas y la inflación se mantiene estancada. Este combo de presión social y límites económicos crea un escenario de alta conflictividad que podría agravarse en el futuro.
